Poderes fácticos

 Sería inocente pensar que únicamente los políticos gobiernan las naciones. O que solamente a través de las elecciones se otorga el poder para implementar una u otra política pública. O acaso creer que las leyes de un país no se encuentran influidas por grupos de poder. La verdad de la milanesa es que detrás del poder político circulan con soberano señorío los poderes fácticos. No pertenecen al orden institucional del Estado, son individuos, grupos o corporaciones que influyen de modo subterráneo pero efectivo en las decisiones de los políticos.

 Los poderes fácticos buscan que sus intereses y espacios (empresariales, religiosos, culturales o de otra índole) gocen de privilegios y protección. Los poderes fácticos buscan que la ley se acomode a sus objetivos. El poder fáctico típico en todo país es el empresariado y las grandes corporaciones. “Invierten” ingentes cantidades de dinero en “aceitar” a políticos, auspiciar campañas electorales y promocionar una opinión pública favorable hacia sus actividades.

 Es célebre en nuestro país el caso de un banquero que patrocinaba campañas de unos y otros, de esa manera se aseguraba la influencia sobre el ganador y sobre el perdedor. El dinero lo puede todo y lo corrompe todo en política. Poder fáctico también lo ejercen las iglesias, ellas desean que sus agendas en pro del control de las conciencias y las conductas se mantenga invicta y aceptada. Los poderes fácticos no solo son grupos de presión de empresas o entidades de conocimiento público. También existen poderes fácticos al margen de la ley, es el caso de las mafias de narcotraficantes. Su presencia en la política y en diversas esferas de gobierno es cada vez más intensa. Pero para efectos de esta columna centrémonos en los poderes fácticos legales.

(Publicado originalmente en el Diario Viral el 30-12-2020)

 

¿Podemos poner en vereda a los poderes fácticos? Sí, para eso existe la Ley 28024 y su reglamento que regula la actividad legal de la gestión de intereses o lobby, por medio de la cual las empresas u organizaciones que deseen promover sus intereses ante el Estado lo pueden hacer de modo lícito, público y transparente. Es decir, una corporación empresarial tiene el derecho de buscar beneficios para su actividad, pero debe hacerlo por los cauces legales. Y a los ciudadanos nos compete vigilar esa actividad. Además, quienes se oponen a los  influyentes poderes fácticos tienen el legítimo derecho de gestionar los intereses de trabajadores, comunidades, consumidores o minorías.

 

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